El uso de la facultad del artículo 140 del CST debe ser coherente con la dignidad humana del trabajador

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Recientemente, la Corte Constitucional publicó la sentencia T-074, en la cual indicó que, si bien de conformidad con lo previsto en el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, los empleadores tienen la facultad de disponer pagar el salario a los trabajadores sin que estos presten materialmente servicios a favor del empleador, también lo es que tal facultad debe ejercerse de manera razonable y de forma coherente con la dignidad humana del trabajador.

En dicha sentencia, la Corte revisó el caso de un trabajador sindicalizado, quien, dada su condición de salud y con ocasión de las medidas preventivas adoptadas por el Gobierno Nacional para contrarrestar la pandemia causada por el COVID-19, su empleador dispuso que se le pagaría salario sin la prestación de servicios para proteger su salud y su vida.

No obstante, una vez levantadas las restricciones, la compañía no ordenó el retorno de este trabajador, aunque sí lo hizo frente a los demás a los que les había aplicado la figura. La razón dada por la empresa para tal diferenciación es que el empleado tenía antecedentes médicos que lo podían poner en riesgo. Por lo anterior, el trabajador presentó una acción de tutela, al considerar que el actuar de la compañía desconocía su derecho al trabajo, pues si bien había recibido el pago de su salario sin prestar servicios, su empleador le negaba sin una justificación válida, la posibilidad de poder ejercer el oficio que él había escogido.

La Corte accedió a la protección del derecho al trabajo solicitada por el accionante e, indicó que, si bien el empleador en el ejercicio del ius variandi tiene la facultad de modificar las condiciones laborales, ello no significa que esta no posea límites, siendo uno de estos el núcleo esencial básico del derecho al trabajo. Asimismo, que el uso de esta facultad debe ser coherente con la dignidad humana del empleado, que en este caso se veía vulnerado porque la circunstancia de salud del empleado se había superado y, porque tampoco se le dio al empleado la posibilidad de prestar sus servicios desde casa ni de ejercer sus derechos sindicales, pues la empresa le negaba el ingreso a las instalaciones.

En este contexto, nuestra recomendación, desde Chapman Wilches, es que, previo a tomar la determinación de aplicar esta figura a un empleado o a varios, se ponderen las razones que lo justifican, de tal suerte que se verifique su validez, suficiencia y no discriminación. De igual manera, si estas razones se llegan a superar, se debe prever la reinstalación del empleado al trabajo, especialmente si este tiene liderazgo en organizaciones sindicales o pertenece a uno de los grupos con protección especial reforzada, donde las decisiones se tornan más tuitivas por parte de las autoridades administrativas y judiciales y, en consecuencia, más riesgosas para el empleador.

Fuente: Corte Constitucional. Sentencia T-074 de 2023. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.

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