Son muchas las reacciones que ha generado la publicación del borrador de la reforma laboral que será radicada este 16 de marzo ante el Congreso de la República por parte del Gobierno nacional.
Gremios y expertos han presentado sus observaciones e inquietudes sobre esta iniciativa y alertan sobre el impacto que tendrá en la generación de empleo.
Charles Chapman, socio fundador de la firma Chapman Wilches y experto en temas laborales, explica que la reforma busca regular derechos fundamentales como la igualdad, al trabajo y a la asociación, entre otros, a través de una ley ordinaria cuando debería hacerlo mediante una ley estatutaria, que requiere de mayorías representativas en su estructuración.
“Se está tratando de establecer un nuevo Código Sustantivo del Trabajo a través de una ley ordinaria y esto no debe ser”, detalló el experto quien hace parte de la subcomisión de reforma laboral.
Indicó que la reforma contempla aspectos que podrían llevar a una “mortalidad empresarial”, especialmente de las mipymes al tiempo que desincentiva la generación de empleo por parte de las grandes empresas.
“Se generan mayores costos en el mercado laboral, lo cual es grave porque de los 50 millones de habitantes de Colombia, solo 10 millones tienen contrato formal y el resto son informales”, agregó.
Entonces, se estaría legislando para una minoría sin tener en cuenta a todo el mercado laboral, donde la prioridad debe ser reducir la informalidad y el desempleo e impulsar el emprendimiento y las iniciativas empresariales.
Otro aspecto que es preocupante, según Chapman, es que se permitiría la huelga en las empresas prestadoras de servicios públicos o salud, lo cual representa un riesgo para la comunidad.
Además, se pretende realizar negociaciones por ramas industriales con iguales condiciones para todas las empresas sin tener en cuenta su tamaño, lo que genera una barrera para que las pequeñas realicen negocios y cercenar la posibilidad de que surjan nuevas iniciativas.
En cuanto a la estabilidad laboral, preocupa que una compañía no podría tener la posibilidad de pagar una indemnización para terminar en contrato de trabajo y que cualquier despido pueda generar reintegro.
Esto debido a que solo sería posible el despido por justa causa, más no por decisión de la empresa ya sea que esta se base en dificultades económicas. Esta medida incluso cobijaría al servicio doméstico.
“Esto generaría que en caso de despedir al trabajador se entraría en un proceso largo con condenas por más de $50 millones lo que podría en riesgo la mipyme. Entonces para qué serviría el reintegro si acaba con la fuente del empleo”, explica el experto.
Destaca que las empresas son los socios del Estado en la generación de empleo y que deben trabajar unidos en este propósito.
