El proyecto de reforma laboral con el que el gobierno pretende modificar transversal y disruptivamente puntos sustanciales de la regulación del trabajo resulta muy inconveniente para la realidad económica del país. Empero, lo más preocupante es el relato con el cual se ha querido justificar ante la opinión pública, no sólo por el hecho de que es inexacto, sino porque con este se pretende implantar la ilusión de verdad de que sus normas son las que más convienen a la sociedad. Nada más alejado de la prudencia económica y jurídica.
En efecto, uno de los principales argumentos en pro del proyecto es la supuesta precariedad de las leyes actuales. Sin embargo, si nos comparamos con nuestros países vecinos, se torna evidente que Colombia paga un mayor recargo nocturno en comparación con economías como la chilena o la mexicana que ni siquiera lo tienen, otorga más días festivos y, tiene la licencia de paternidad más larga. Entonces ¿de qué precariedad legal hablamos?
Por otro lado, se aducen situaciones puntuales de incumplimiento por empleadores (vr.gr. empleadas domésticas vinculados en condiciones inadecuadas) para motivar el cambio de ley, cuando estas situaciones se regularizan con fiscalización no con la ley misma.
En tercer lugar, se dice, que esta es una reforma alineada con la jurisprudencia de las altas Cortes y los lineamientos de organismos internacionales, pero lo cierto es que, la Corte Constitucional defiende la estabilidad laboral relativa mientras la reforma se aproxima a una inamovilidad laboral con tres nuevas acciones de reintegro.
Por su parte, la Ocde ha planteado que Colombia tiene elevados costos laborales causantes de una informalidad rampante, pero vía reforma se quieren incrementar. Asimismo, recomienda como prioridades una mayor cobertura en protección social y capacitación; puntos estos que brillan por su ausencia en la reforma.
Tampoco se alinea la reforma a las recomendaciones de la OIT, al estatuir que tratándose de plataformas de repartidores, todos serán sus trabajadores directos, lo que además de ser un desacierto para la flexibilidad propia de las nuevas formas de trabajo, no atiende a los criterios de la Recomendación 198 de 2006.
A lo técnico también se le da la espalda en la reforma, al no compadecerse con el mercado laboral que exige la generación de empleo formal mediante el fortalecimiento de las MiPymes, no su extinción, lo que probablemente sucederá con muchas de estas luego del incremento de los costos laborales y la mayor rigidez laboral que se plantea. Recordemos, las MiPymes componen el 90% del tejido empresarial colombiano y, con ello, la mayor fuente de empleo.
Derruidas así las columnas en las que el gobierno ha asido su proyecto de reforma laboral, ¿qué nos queda? No podemos permitir que un relato basado en ilusiones, por más que se repitan, se convierta en realidad en nuestro país. Por tanto, Congreso de la República: ¡salve usted el mercado laboral colombiano!
