Normas sobre acoso laboral no aplican a contratistas ni a trabajadores independientes: Consejo de Estado

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El Consejo de Estado, mediante sentencia del 1° de octubre de 2026, declaró nulas las expresiones “contratantes”, “contratistas” e “independientes” previstas en el artículo 2° de la Resolución 3461 del 1° de septiembre de 2025, que regula la conformación y el funcionamiento de los comités de convivencia laboral. Como consecuencia de ello, el régimen de prevención del acoso laboral de la Ley 1010 de 2006, incluido el trámite ante dichos comités, no se extiende a las relaciones con contratistas ni con trabajadores independientes.  

Para llegar a esta conclusión, consideró la Alta Corporación que la Ley 1010 de 2006, en el parágrafo de su artículo 1°, excluyó expresamente del ámbito de aplicación del régimen de prevención del acoso laboral las relaciones civiles y comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no se encuentra presente el elemento de la subordinación, propio de los contratos laborales. Esta exclusión fue declarada exequible, de forma condicionada, por la Corte Constitucional en la Sentencia C-960 de 2007, y responde a una decisión deliberada del legislador: el texto original del proyecto de ley preveía la inclusión de los contratistas de prestación de servicios, pero ello fue desechado en el primer debate que se llevó a cabo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.  

En consecuencia, el legislador no dejó campo de actuación al Ejecutivo para incluir en la regulación del acoso laboral figuras contractuales diferentes a las relaciones laborales y legales y reglamentarias, por lo que, para el Consejo de Estado, el Ministerio del Trabajo excedió su potestad reglamentaria al incluir a los contratantes, contratistas y trabajadores independientes como destinatarios de las normas sobre acoso laboral previstas en la Ley 1010 de 2006.  

Cuestión diferente se da respecto de los trabajadores en misión y los estudiantes. Respecto de los primeros, consideró el Alto Tribunal que las normas en materia de acoso laboral sí les son aplicables, pues están vinculados mediante un contrato de trabajo con la empresa de servicios temporales y prestan el servicio en las instalaciones de la empresa usuaria, cuyo comité de convivencia laboral es el competente para tramitar sus quejas en primera instancia. En relación con los segundos, declaró la legalidad condicionada de la expresión “estudiantes”, en el entendido de que solo comprende a quienes se encuentren realizando sus prácticas en una entidad pública o empresa privada como requisito para la obtención del título académico correspondiente. 

Así las cosas, en adelante las empresas no tienen la obligación de aplicar a sus contratistas y trabajadores independientes las normas previstas en la Ley 1010 de 2006 para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral, entre ellas, el trámite de las quejas ante los comités de convivencia laboral. Dichas normas aplican a los trabajadores directos de la compañía (o a los servidores públicos, en el caso de las entidades públicas), a los trabajadores en misión y a los estudiantes que realizan su práctica como requisito para la obtención del título académico. 

¿Qué deben tener en cuenta las empresas? 

Contrato realidad. La sentencia aclara que quien, pese a haber celebrado un contrato de prestación de servicios, obtenga la declaratoria de existencia de una relación laboral queda amparado por todo el régimen de protección contra el acoso laboral. La protección depende de la realidad de la relación y no de la denominación del contrato. 

Acoso sexual. La decisión no modifica la Ley 2365 de 2024, que sí incluye expresamente a los contratistas de prestación de servicios, pasantes y practicantes (artículos 7 y 12). Por ello, las obligaciones de prevención y atención del acoso sexual frente a contratistas se mantienen. 

Resto de la Resolución 3461 de 2025. El Consejo de Estado negó los demás cargos, de modo que siguen vigentes, entre otras, la obligación de conformar un comité de nivel central y uno adicional por cada centro de trabajo y el término máximo de 65 días calendario para el procedimiento preventivo. 

Ajustes internos. Recomendamos revisar el reglamento del comité de convivencia laboral, los procedimientos internos y los contratos de prestación de servicios para retirar las referencias que sometan a los contratistas al trámite de la Ley 1010 de 2006, sin desatender sus reportes, que pueden canalizarse por los mecanismos de la Ley 2365 de 2024, por los canales éticos de la organización o en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Como de costumbre, quedamos a su disposición para resolver cualquier inquietud sobre esta decisión judicial. Para más información, pueden comunicarse con el área de consultoría de la firma al teléfono +57 605 3195874 o escribirnos al correo electrónico asesorias@chw.com.co.  

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