El Ministerio del Trabajo retiró del ordenamiento jurídico once circulares expedidas entre septiembre de 2025 y julio de 2026. La razón, en términos simples, es que varias de ellas dejaron de ser lo que una circular puede ser —un instrumento de orientación— y terminaron creando requisitos documentales, procedimientos, fórmulas de liquidación y consecuencias sancionatorias que solo pueden nacer de la Constitución o la ley. Otras contenían errores de referencia normativa o de lectura de la jurisprudencia, y otras ya habían agotado la finalidad transitoria para la cual se expidieron.
El propio Ministerio reconoce que esos defectos no podían corregirse con una fe de erratas ni con ajustes parciales, porque comprometen la arquitectura misma de los instrumentos. Por eso los retira de manera integral.
Tres reglas para leer correctamente esta decisión
- Opera hacia el futuro, no hacia el pasado. La derogatoria rige desde la publicación de la resolución en el Diario Oficial. No anula, no invalida ni termina automáticamente lo actuado durante la vigencia de las circulares, ni afecta las situaciones jurídicas ya consolidadas (artículos 1° y 3°).
- Las circulares ya no pueden invocarse. Esta es la regla de mayor impacto práctico. Desde la entrada en vigencia, ningún funcionario puede fundamentar en ellas un requisito, una carga probatoria, un procedimiento, un criterio sancionatorio, un parámetro de inspección o una condición de acceso a un trámite (artículo 2°). En las actuaciones en curso, la autoridad debe decidir prescindiendo de las circulares como fuente jurídica.
- No revive lo anterior. Las circulares o instrucciones que estas habían sustituido no vuelven a la vida (artículo 8°). La regla aplicable debe buscarse directamente en la fuente vigente y competente.
Conviene subrayar lo que esta decisión no significa: no hay vacío normativo. La Constitución, la ley, los decretos reglamentarios y la jurisprudencia siguen plenamente vigentes en todas estas materias. Lo que desaparece no es la obligación, sino la lectura administrativa que el Ministerio había hecho de ella.
Las once circulares y su efecto para las empresas
Circular Qué regulaba Por qué se retira Qué significa para las empresas
Externa 0101 del 22 de septiembre de 2025 Jornada máxima, trabajo doméstico, remuneración a destajo, registro de horas extras, límites al trabajo suplementario y trabajo en días de descanso obligatorio (Ley 2466 de 2025). Transformó el mandato legal de reducir la jornada sin disminuir el salario en una fórmula matemática de compensación en dinero, con mecanismo de liquidación y oportunidad de pago no previstos en la ley. Es la de mayor efecto económico. Ninguna fórmula, metodología o criterio de liquidación de esa circular puede volver a usarse como fundamento para exigir un pago o sustentar una sanción (artículo 5.4). El mandato legal de no disminuir el salario por la reducción de jornada (Ley 2101 de 2021) permanece.
Interna 0120 de 2025 Trámite de autorización de terminación de vínculos de trabajadores, servidores públicos y contratistas amparados por estabilidad reforzada. Fijó condiciones materiales de acceso y cargas probatorias frente a terceros y remitió a formularios y anexos posteriores a los que atribuyó carácter obligatorio. Misma materia que la Circular Interna 0049 de 2026 y misma consecuencia: en solicitudes en curso conviene verificar si el inspector exigió soportes cuya única fuente era esta circular. La orden de la SU-111 de 2025 conserva plena obligatoriedad para el Ministerio.
0031 del 17 de marzo de 2026 Lineamientos sobre cuidado, equidad de género y corresponsabilidad social. Mezcla recomendaciones con directrices sin distinguir cuáles son obligatorias, lo que confunde obligación jurídica, recomendación y política pública. Las políticas internas, protocolos y programas de retorno que la circular instaba a adoptar dejan de ser exigibles por esa vía. Las obligaciones con fuente legal propia permanecen intactas.
Externa 0032 del 25 de marzo de 2026 Libertad sindical, permisos sindicales y cumplimiento de acuerdos y convenciones colectivas, con carácter de “obligatorio referente técnico”. Desborda la función orientadora al declararse obligatoria, tipificar conductas antisindicales y vincular su inobservancia a multas y remisiones a la Procuraduría y a la Fiscalía. Desaparecen la declaratoria de obligatoriedad, la regla general de “prevalencia” de la convención sobre la ley y las remisiones automáticas a otras autoridades. Los conflictos sindicales vuelven a resolverse con la ley y la jurisprudencia aplicables a cada caso.
0040 del 16 de abril de 2026 Jornada, trabajo suplementario y registro de horas extras en el sector de vigilancia y seguridad privada. Afirmó erróneamente que el sector está exceptuado del régimen general de horas extras, cuando el artículo 13 de la Ley 2466 de 2025 solo lo excluye del límite de dos horas diarias y doce semanales cuando se aplique la jornada especial de la Ley 1920 de 2018. Punto de atención. Si su liquidación de trabajo suplementario se apoyó en esa lectura, conviene revisarla: el sector nunca estuvo excluido de las reglas de remuneración, registro y descanso, ni del régimen especial de la Ley 1920 de 2018.
0048 del 22 de mayo de 2026 Guía práctica sobre debido proceso disciplinario y terminación del contrato con justa causa bajo la Ley 2466 de 2025. Reúne en una misma secuencia normas imperativas, precedentes judiciales, reglas convencionales y recomendaciones, sin permitir distinguir la fuerza jurídica de cada una. El Ministerio deja de tener una guía propia para declarar cumplido o incumplido el debido proceso. El estándar vuelve al artículo 115 del CST (modificado por el artículo 7 de la Ley 2466 de 2025), al reglamento interno, a la convención y a la jurisprudencia.
Interna 0049 del 22 de mayo de 2026 Trámite de autorización para terminar el vínculo de personas amparadas por estabilidad laboral reforzada por discapacidad o condiciones de salud. Pese a llamarse interna, fijó requisitos documentales, etapas procesales, términos y criterios de decisión que afectan a particulares y exigen fuente legal. Los soportes y las etapas creados por la circular pierden respaldo autónomo. El trámite subsiste con fundamento en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y en la Sentencia SU-111 de 2025; lo que ya no puede exigirse es aquello cuya única fuente era la circular.
0057 del 6 de julio de 2026 Instrumento informativo sobre principios de la reforma laboral y modalidades contractuales. Afirmó que el CST regula las relaciones individuales de los trabajadores oficiales, lo que no corresponde al artículo 3 del CST modificado por la Ley 2466 de 2025. Relevante para empleadores públicos y para empresas industriales y comerciales del Estado: se corrige el traslado indebido de reglas individuales de la reforma a relaciones sujetas a régimen especial.
0086 del 29 de julio de 2026 Inspección, vigilancia y control del trabajo mediante plataformas digitales de reparto. Permitía que la existencia de una relación laboral quedara configurada como resultado administrativo de una visita o de una lista de indicios, desbordando el artículo 486 del CST. Un inspector no puede declarar la existencia de un contrato de trabajo: esa decisión corresponde a los jueces. La materia se rige ahora por la Ley 2466 de 2025 y su Decreto reglamentario 0991 del 4 de agosto de 2026.
0088 del 29 de julio de 2026 Conformación del pliego único de solicitudes e integración de la comisión negociadora sindical bajo el principio de proporcionalidad. Error de referencia normativa y extensión indebida de la regla de la Sentencia T-287 de 2025 a todos los niveles de negociación. La fórmula general de reparto proporcional de cupos deja de ser exigible. La conformación se determina por el Decreto 1072 de 2015 (artículo 2.2.2.4.4, modificado por el Decreto 243 de 2024) y por una lectura precisa del alcance de la T-287 de 2025.
0089 del 29 de julio de 2026 Inspección, vigilancia y control del trabajo doméstico remunerado, incluida una metodología de actuación en hogares. Creó una “excepción por peligro inminente” que habilitaba el ingreso a la vivienda sin consentimiento ni orden judicial, vulnerando el artículo 28 de la Constitución. Se restablece la inviolabilidad del domicilio. La inspección continúa por requerimientos documentales, citaciones y actuaciones desde el exterior del domicilio; ante riesgo grave, el inspector debe activar a la Policía o a la Fiscalía, no ingresar.
¿Es una buena noticia para los empleadores?
En lo esencial sí, y por una razón de fondo más que coyuntural: se restablece la correspondencia entre la fuente jurídica y la exigencia. Buena parte de las cargas que las empresas venían asumiendo —requisitos documentales, fórmulas de liquidación, protocolos y criterios de decisión— no provenía de la ley sino de la lectura que de ella hacía el Ministerio. Esa lectura ya no puede invocarse frente a ustedes.
Con tres matices que conviene tener presentes. Primero, ninguna obligación legal desapareció: el debido proceso disciplinario, la protección de la estabilidad laboral reforzada y los límites de jornada siguen exactamente igual de exigibles. Segundo, en el sector de vigilancia y seguridad privada la corrección opera en sentido contrario y puede revelar liquidaciones apoyadas en una premisa equivocada. Tercero, mientras el Ministerio expide los instrumentos que reemplacen lo derogado, es previsible una etapa de criterios dispares entre direcciones territoriales; conviene documentar bien cada actuación.
Qué recomendamos hacer ahora
- Revisar las actuaciones administrativas en curso. Verifique si el auto de apertura, el requerimiento o el pliego de cargos cita alguna de las once circulares como fundamento. Si es así, es procedente solicitar que la decisión se motive en la Constitución, la ley o el reglamento, prescindiendo de la circular.
- Auditar los trámites de estabilidad laboral reforzada. Identifique las solicitudes en curso en las que se le exigieron soportes o se le impusieron etapas cuya única fuente eran las Circulares 0049 de 2026 o 0120 de 2025.
- Vigilancia y seguridad privada: revisar el trabajo suplementario. Confirme que la liquidación, el registro y el descanso se ajustan al régimen general y a la Ley 1920 de 2018, y no a la exclusión integral que la circular sugería.
- Remuneración a destajo: documentar el fundamento propio de lo pagado.
- Actualizar los instrumentos internos de cumplimiento. Normogramas, matrices de riesgo, listas de chequeo y capacitaciones que citen estas circulares deben ajustarse para evitar que la empresa siga autoimponiéndose cargas ya retiradas.
- Anticipar lo que viene. El Ministerio fijó plazos de cinco, diez, quince y treinta días hábiles para definir medidas transitorias y nuevos instrumentos en trabajo doméstico, libertad sindical, plataformas digitales y remuneración a destajo. Habrá regulación nueva y conviene participar en su discusión.
Como de costumbre, quedamos a su disposición para acompañarlos en la revisión de las actuaciones administrativas en curso, en la auditoría de los trámites que se apoyaron en las circulares derogadas y en el ajuste de sus procedimientos internos. Para más información o atención de inquietudes, pueden contactarse con el área de consultoría de la firma al teléfono +57 605 3195874 o escribirnos al correo electrónico asesorias@chw.com.co